1. NI UNA MENOS. HACERSE CARGO.
En este nuevo aniversario del Ni Una Menos nos pronunciamos por los necesarios cambios que el sistema judicial requiere en clave Feminista. Desde hace años las trabajadoras judiciales y nuestras organizaciones sindicales venimos estableciendo como agenda propia mejorar la calidad en el servicio de justicia, a través de una mirada igualitaria de género, aunando voluntades y estableciendo propuestas concretas que tiendan a su realización. Sabemos que también es una demanda urgente de la sociedad y principalmente del movimiento feminista que lucha por una vida con igualdad de derechos y condiciones entre todas las personas, que se establezca como prioridad dar respuesta a la población más vulnerable. Nosotras formamos parte del sistema judicial y nos hemos dado la tarea de hacer hasta lo imposible por intentar cambiarlo.
Somos trabajadoras y trabajadores de distintos poderes judiciales y/o ministerios públicos de nuestro país que conocemos y, muchas veces, padecemos desde dentro la cultura conservadora, patriarcal, rígida, sin rendición de cuentas a nuestro Pueblo, con prejuicios de género y de clase. Denunciamos en el día a día las discriminaciones, violencias, el avance en la precarización de nuestras condiciones laborales y luchamos por sortear los obstáculos dispuestos en el acceso a la justicia para las mujeres y las disidencias.
Son muchos años de consolidación de este sistema, y por ello, entendemos que no hay día D ni soluciones mágicas para las profundas transformaciones que requiere uno de los poderes del Estado, el menos democrático y el más alejado de la gente, y con una enorme crisis de legitimidad social.
Es tiempo de discutir las reformas que queremos. Porque siempre es tiempo de discutir qué poder judicial queremos y qué justicia merecemos. Es tiempo de discutir los principios y valores de los cuales no puede apartarse ningún poder público, en un Estado Democrático de Derecho
Creemos fervientemente que es necesaria y urgente la incorporación en los Poderes Judiciales Federales, Provinciales y de CABA de la perspectiva de género y de derechos humanos, siendo hoy día muy dispares los avances en este sentido.
Consideramos que hacia dentro de los Poderes Judiciales deben producirse cambios sustantivos incorporando a lxs trabajadorxs a ámbitos de decisión, creando espacios de negociación colectiva y discusión paritaria. Es urgente que se interpele a la institución, también en su carácter de empleadora, para el cumplimiento de los derechos laborales básicos que tenemos como trabajadorxs. Estamos convencidas que con una organización sindical fortalecida se mejoran ampliamente las condiciones de trabajo y por ende, se mejora la calidad de la administración de justicia que se brinda.
2. EL MOMENTO ES AHORA Y ES CON NOSOTRAS
Es preciso considerar la consolidación del ingreso democrático para acceder a desempeñarse en los poderes judiciales de nuestro país, la necesaria integración de personas de distintas orientaciones sexuales e identidades de géneros, la capacitación permanente de sus integrantes que incorpore la conciencia y sensibilización de género, jornadas formativas obligatorias de intercambio y debate, que permitan síntesis colectivas superadoras, entre empleades, peritos, magistrades, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que impliquen en su desarrollo la asimilación de la perspectiva de géneros como parte de la actuación del Estado con perspectiva de derechos y políticas públicas positivas tendientes a la paridad de género en su seno.
Debemos bregar por una estructura organizacional en los poderes judiciales que propicie la igualdad de género y que achique la brecha existente hoy, donde los cargos jerárquicos superiores son ocupados en su mayoría por hombres, siendo el Sistema de justicia uno de los poderes en donde más se evidencia el indeseado techo de cristal.
Este 3J, nos encontramos ante una coyuntura histórica pocas veces vista, el poder judicial se muestra claramente como herramienta del poder conservador, racista y clasista de nuestro país. Su deslegitimación, producto de algunos “operadores” exponentes internos y externos, las corporaciones enquistadas y su falta de respuesta a los problemas reales y cotidianos de la población, han dañado su institucionalidad y ello reviste de un peligro enorme para toda nuestra democracia.
Observamos con preocupación los avances de la precarización laboral disfrazados de mejoras en el servicio de justicia, tercerizando y privatizando distintos sectores del poder judicial que conllevan a la destrucción de nuestros puestos de trabajo (puestos ocupados principalmente por compañeras) y a una justicia parcial.
Consideramos que el sistema democrático de gobierno y la sociedad toda debe analizar en profundidad todo el sistema de administración de justicia y la manera en que debe vincularse con las políticas públicas. Es imprescindible generar instancias de participación ciudadana, cuya opinión vinculante, se tenga en cuenta a la hora de distribuir los recursos financieros, humanos y técnicos para responder a las necesidades de nuestro pueblo.
Es imperioso promover políticas públicas de acceso efectivo a la administración de justicia a los colectivos excluidos de este derecho, mujeres, colectivos LGTBIQ, trabajadoras sexuales o en situación de prostitución, trabajadoras del cuidado, pueblos originarios, sectores rurales, migrantes, personas con discapacidad, niñes, adolescentes y sectores populares. Todos ellos tienen derecho a acceder a una justicia de forma igualitaria y sustantiva como habitantes de nuestro territorio nacional.
3. ES CON DERECHOS LABORALES
Hay experiencias a lo largo del país que demuestran que pueden hacerse cambios al interior del poder judicial, para hacerlo más igualitario: licencias por violencia de género, licencias igualitarias de nacimiento, inclusión laboral travesti trans, subsidios por guarderías y trabajadoras de casas particulares, lactarios, juicio por jurados, exámenes de ingreso y carrera judicial. También es imperiosa la necesidad de visibilizar una problemática recurrente y naturalizada dentro de los tribunales de todo el país, como lo es la violencia laboral y de género que sufrimos especialmente las trabajadoras judiciales. Por eso, los protocolos de abordaje y prevención de estos casos deben ser una política institucional seria que busque erradicar este flagelo y promueva ambientes laborales libres de violencia.
Sabemos que la visión punitivista no ha revertido en modo alguno los problemas estructurales que afrontamos. Por el contrario, es preciso diseñar políticas públicas -partiendo de datos concretos que es posible obtener de cada una de las jurisdicciones-, priorizando, potenciando y jerarquizado las estructuras administrativas y judiciales, que permiten canalizar los conflictos sociales mediante medidas alternativas al conflicto y de alerta temprana de distinta índole. También se debe tomar como eje de trabajo la prevención y la promoción de derechos, y el posterior acompañamiento de las situaciones en las cuales intervienen los equipos interdisciplinarios a los fines de garantizar la integralidad de los derechos. En este sentido, atento la complejidad del fenómeno social que significa la violencia de género, los intereses en pugna, los actores y tiempos que involucra y las aristas sobre las que impacta, consideramos que la intervención judicial no debe centrarse únicamente en el derecho, sino que debe ser pensada en términos holísticos, articulando con otras disciplinas sociales que no debieran ser reducidas a meros servicios auxiliares de la justicia, como sucede en la actualidad.
El poder judicial no debe olvidar que detrás de cada expediente, hay personas, que requieren la protección y garantías de todos los derechos humanos de acuerdo con los Tratados Internacionales en esta materia, vigentes en nuestra Constitución Nacional, responsabilidad de los tres Poderes del Estado.
4. SOMOS MUCHAS, ESTAMOS UNIDAS Y ORGANIZADAS
Muchas de estas líneas de reflexión y de acción pudimos confluirlas en el 1er encuentro federal de mujeres judiciales que el día 16 de noviembre de 2019 realizáramos en la Ex -Esma. Allí, más de 400 trabajadoras, magistradas, funcionarias de distintos lugares del país y de distintas organizaciones sindicales, debatimos en comisiones de trabajo que circularon en torno a estos grandes temas que nos llevaron hasta allí. Poner en común nuestras experiencias a veces dispares y a veces similares nos fortalece en disputar el sentido hegemónico y conservador que en general existe. Y a su vez al circular distintas experiencias de lucha y de conquista por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, nos da la luz de esperanza para alcanzar un mejor servicio de justicia que pudimos dar, como un plafón que ya forma parte del acervo cultural y normativo judicial del que partir hacia los cambios que necesitamos.
Estos espacios de encuentro son necesarios, trabajar en pos de la unidad de las trabajadoras es imperativo y urgente, porque el tiempo y la sociedad nos lo demanda y porque tenemos la convicción de que este es el camino. Por ello es que tenemos el firme compromiso de realizar en este año 2021 nuestro segundo encuentro de mujeres judiciales.
La salida a este problema es colectiva, por eso entendemos que el debate debe ser amplio, incorporando a las distintas organizaciones de la sociedad civil que bregan por un poder judicial más igualitario y más justo.
Entendemos que el cambio conlleva un proceso a mediano y largo plazo de reformas legislativas, políticas públicas y cambios culturales que vayan trazando un surco que permita ir definiendo una nueva forma de vivir en comunidad.
Vayamos construyendo juntos y juntas una nueva organización social, que revolucione las estructuras mismas del poder y erradique los privilegios de género y de clase.
Por una Justicia Feminista para la conformación de una sociedad más igualitaria, justa y equitativa.
MUJERES JUDICIALES
