A partir de la incorporación en el dictamen del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2023 de la gravación del impuesto a las ganancias para los Poderes Judiciales de todo el país, nuestras organizaciones sindicales tenemos mucho que decir: no van a gravar solo a los jueces que representan un 4% del universo imponible, van a gravar al 96% restante que lo representan trabajadores y trabajadoras judiciales (entre empleados y funcionarios). No hay épica en esta medida, hay negligencia, hay discurso tribunero pero no reparto real de la riqueza
Si pretendemos rever la tendencia negativa en el reparto del ingreso total en nuestro país, este es el camino contrario, no estamos realizando una transferencia de ingresos del sector del capital hacia el sector del trabajo, lo que se está haciendo es un reparto interno entre los asalariados, cuya consecuencia es la nivelación hacia abajo del poder adquisitivo, así cada día todos y todas tendremos un poquito menos.
Quienes sostenemos que el salario no es ganancia, puesto que no genera rentabilidad, sino que constituye el sustento de la vida, obtenido en base al sacrificio propio y no sobre la explotación ajena, jamás vamos a conseguir el objetivo que “ningún trabajador y trabajadora pague impuesto a las ganancias” ampliando la cuarta categoría, muy por el contrario, de esa manera se confirma la naturaleza distorsiva de este tributo.
Detrás de esta medida se confunden las buenas y las malas intenciones. Quienes plantean un mejor Poder Judicial, sin privilegios, democrático, ajustado a la Constitución y las leyes (lucha que nosotros y nosotras llevamos día a día, desde adentro, poniendo el cuerpo y sin medias tintas) están emprendiendo el camino contrario cuando se desvaloriza el salario de quienes ejercen la función judicial.
Recordemos que fue Mauricio Macri el 30 de octubre del 2017 en la presentación del ajuste con las tres reformas del Estado, quien vociferó como una aberración que un trabajador judicial que sirve el café gane un buen sueldo. Recordemos que fue Cambiemos, en representación de un neoliberalismo anti Estado, quien impulsó en el 2016 y 2018 que se abone este tributo (después incluso de haber prometido en campaña que ningún trabajador iba a pagar ganancias). Son ellos quienes necesitan un Poder Judicial de rodillas, para poder dominarlo y ejercer la persecución del lawfare. Las instituciones públicas degradadas son el lugar predilecto del poder fáctico y económico de nuestro país.
Quienes nos enrolamos en los principios de la Justicia Social, militamos por la movilidad social ascendente, no descendente, en nuestras sociedades. Defendemos el derecho al trabajo digno, al ingreso democrático, a la carrera judicial, a la estabilidad en el empleo, a las mejoras de las condiciones laborales y salariales, nunca al revés, nunca para atrás.
POR ESO TODAS LAS ORGANIZACIONES SINDICALES ENROLADAS EN LA FE-SITRAJU, CONVOCAMOS A UN PARO EL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022. (Cada sindicato de base determinará en su provincia la modalidad de ejecución del paro)
Diputados y Diputadas de la Nación, escuchen a quienes trabajan, la hora demanda coraje en medidas redistributivas, sean dignos representantes de los intereses populares.
