En el día de hoy solicitamos nuevamente la eliminación de esta certificación ya que va en contra de la Ley 27.721 sancionada este año, de la Ley 4858 de la CABA y de la Resolución 151/2023 de la ANSES. Además de todo lo jurídico, la certificación exigida que acredita la calidad de “persona viva” por parte de cada jubilado o jubilada, atenta contra la integridad y la calidad de vida de cada uno/a de ellos/as al momento de la tramitación.
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